En la continuación de la audiencia del juicio de fondo seguido a los implicados en el caso Odebrecht, la perito contable María Álvarez de Maio, admitió ayer que no encontró ilícito en los documentos de las empresas de Ángel Rondón, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Tras declarar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la testigo número seis, quien era analista de la Unidad de Investigaciones del Ministerio Público, dijo que no encontró ilícito en los documentos que analizó para la elaboración de los informes societarios que acreditó ante el tribunal.
La testigo, al ser sometida al contrainterrogatorio, declaró que las empresas Lashan Corp.; Copodan, SAS; Conamsa, SRL; Roymar, SRL; Hacienda Los Ángeles y Adeline Group Corporation, propiedades del imputado Ángel Rondón, no están vinculadas a los demás acusados.
Asimismo, la perito contable declaró que no encontró acta de asamblea, de gerencia, de consejo de administración que establezca la realización de operaciones entre las empresas de Rondón con los encartados Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Díaz Rúa, Tommy Galán y Andrés Bautista.
La testigo, ante las preguntas de uno de los abogados de Conrado Pittaluga, indicó que si hubiera encontrado algún ilícito no lo habría plasmado en el informe, sino que simplemente lo hubiera notificado.
Cuando le tocó el turno a la defensa de Rondón, Álvarez de Maio dijo que en los documentos analizados no encontró vinculación entre las empresas del referido imputado, con las de los demás acusados en el caso. La abogada Emery Rodríguez le preguntó si en las asambleas, ordinarias, extraordinarias o anuales de esas compañías, con cuyos documentos hizo los informes, se registraron cesión de crédito, autorización de préstamos o traspasos de acciones a los imputados Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez o Conrado Pittaluga, o a una de sus empresas, a lo que Álvarez de Maio respondió que no. Además, al ser cuestionada si en Hacienda Los Ángeles hubo convenios con empresas de los demás imputados, Álvarez de Maio también respondió negativamente.
También al tribunal se incorporaron más de 40 pruebas documentales a través de la testigo número 7, Digmari Rodoli, también analista de la Unidad de investigaciones criminales del Ministerio Público.
El tribunal recesó el conocimiento de la audiencia para hoy martes, a las 9:00 de la mañana, para continuar con el testimonio de la perito contable, quien fue aportada como testigo a cargo por el Ministerio Público. Tras ser preguntada la testigo por la defensa de uno de los imputados sobre su calidad para la elaboración de los informes, admitió que los realizó a solicitud del Ministerio Público a solo un año de entrar a trabajar a la Procuraduría General de la República.
Declaró que no posee estudios especializados de maestría en derecho societario y que elaboró los informes porque tenía conocimientos “básicos” de la Ley de Sociedades Comerciales, en virtud de un diplomado de cuatro meses impartido por el Ministerio Público.
SOBORNOS
Investigación.
María Álvarez de Maio fue una de las analistas del Ministerio Público que elaboró informes societarios de las empresas que, supuestamente, los imputados utilizaron para lavar dinero de los sobornos recibidos.
Fuente: Listín Diario
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