Aunque el Tribunal Constitucional dispone de un plazo legal máximo de 4 meses para decidir la acción directa de inconstitucionalidad contra las disposiciones concernientes a la segunda mayoría en el Congreso Nacional para tener derecho a un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el momento amerita que los jueces se pronuncien a la mayor brevedad a fin de llenar el vacío legal que ha motivado diversas interpretaciones del texto impugnado en función de intereses partidarios.
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