Camacho asegura que sigue investigación de declaraciones juradas

El director de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (PEP­CA) aseguró ayer que el Ministerio Público conti­núa su línea de investiga­ción en contra de funcio­narios y exfuncionarios en torno a las declaraciones juradas de patrimonio.

El magistrado Wilson Camacho dijo que la Pep­ca y la Dirección de Per­secución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso, conti­núan citando por declara­ciones juradas de bienes.

Sostuvo que lo que su­cede es que se están alter­nando esas citaciones para los interrogatorios de los casos de declaraciones ju­radas con otras citaciones de investigaciones que es­tán realizando.

“Nosotros tenemos de­cenas de investigaciones abiertas y tenemos que priorizar en algunas oca­siones”, dijo Camacho, tras señalar que el sábado pasado todavía estaban interrogando con relación a la investigación de la Cá­mara de Cuentas.

Manifestó que esa situa­ción obliga al Ministerio Público a organizarse de forma tal que pueda aten­der todos los casos, aten­diendo a las necesidades de las investigaciones, pe­ro que no se detienen las pesquisas. Por otro lado, Camacho desmintió que el Ministerio hiciera inmovi­lizaciones de los bienes de Maxi Montilla y sus em­presas sin una orden judi­cial. Señaló que todas las inmovilizaciones que ha hecho el Ministerio Públi­co en cualquier investiga­ción que desarrolle siem­pre tendrá como punto previo una orden judicial autorizada por un juez competente.

Recurrirá fallo 

Por otro lado, el director de la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa, a la salida del tribunal, anunció que re­currirá por ante el Tribu­nal Constitucional (TC), la decisión de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional que devuelve al imputa­do Víctor Díaz Rúa el yate “Balbie”.

Camacho sostuvo que pedirá al TC la revisión de la sentencia que devuelve el yate “Balbie” y condena al Ministerio a un astreinte de 20,000 pesos por cada día que se deje de ejecutar la decisión, ya que el mis­mo fue ocupado por el Mi­nisterio Público como una evidencia del caso de so­bornos de Odebrecht.

El tribunal tomó la deci­sión, tras acoger la acción de amparo de extrema ur­gencia interpuesta por la empresa Nutberry Limi­ted, propiedad de Leonar­do Font Bernard Guzmán, a través de su abogado, el cual buscaba la devolu­ción del yate.

Fuente: Listín Diario