La Fiscalía del Distrito Nacional depositó por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción la acusación contra nueve implicados en el asesinato del abogado y catedrático universitario, Yuniol Ramírez, así como en los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Los imputados son José Antonio Marcano Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista), Argenis Contreras, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez, imputados por asociación de malhechores para el asesinato y ocultamiento del cadáver de Ramírez.
La información fue ofrecida por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien precisó que en el caso de Argenis Contreras, quien tras el asesinato ocurrido el 11 octubre de 2017 huyó hacia estados Unidos, además de estas implicaciones, pesa sobre él la imputación por actos de soborno.
Mientras que al exdirector de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, el Ministerio Público lo acusa de asociación de malhechores, soborno, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, procesos de urgencias violentando los procesos de licitación, así como asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
La fiscal detalló que a Faustino Rosario, exdirector financiero de la institución, se le imputan los crímenes de asociación de malhechores, corrupción por fraude en procesos de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos, al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activo e incremento patrimonial.
Ramos informó que a Eddy Rafael Santana Zorrilla se le imputa cometer soborno violentando disposiciones de la ley sobre soborno en el comercio y la evasión en detrimento del Estado dominicano.
“Mediante una ardua labor de investigación el Ministerio Público logró recabar diversas pruebas que sustentan el expediente, con el cual se busca probar la incriminación de los imputados en este caso que ha consternando a la sociedad dominicana, de modo que sean enviados a juicio de fondo y lograr una sanción ejemplar correspondiente a los delitos cometidos”, dijo la fiscal.
Explicó que durante la investigación la Fiscalía realizó pericias forenses, análisis de información electrónica, de videos, inspecciones, levantamientos, localizaciones geográficas, registros, entrevistas, análisis financieros y económicos.
“El Ministerio Público del Distrito Nacional a raíz de estas investigaciones, cuenta con medios testimoniales, documentales, periciales, pruebas ilustrativas, audiovisuales y materiales, con lo que va a probar su acusación y la responsabilidad penal de los imputados”, agregó Ramos.
Acusación
El documento de acusación establece que el 11 de octubre 2017 el imputado Argenis Contreras González (prófugo), se presentó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde impartía docencia Ramírez, a quien le pidió que abordara la camioneta en la que se desplazaba, dentro de la cual le propinó un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.
El Ministerio Público explicó que en el caso de Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, no se estableció su vinculación con el asesinato, pero determinó su implicación en los demás delitos, por lo que presentó la acusación detallada anteriormente.
Recordó que tras el hallazgo del cadáver de Ramírez, el 12 de octubre de 2017, se abrió la investigación, para lo que fue necesario indagar en la dirección de la OMSA.
Expediente de Argenis
La fiscal Ramos informó que el expediente contra Argenis Contreras tiene 142 páginas y que el Ministerio Público trabaja para traerlo al país para que responda por sus hechos.
“Ustedes saben que hubo un tribunal que determinó en los Estados Unidos que él debe venir a la República Dominicana a enfrentar ese proceso, sin embargo le queda el proceso de apelación que es lo que estamos esperando que culmine”, agregó.
La historia del caso
Según el expediente acusatorio, el 19 de junio del año 2017, Ramírez, en su condición de presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), solicitó al imputado Rivas la entrega de las documentaciones correspondiente a la administración de esa entidad, desde el 2012 al 2017, pero nunca se le suministró. “A raíz de esa acusación Manuel Antonio Rivas se puso en contacto con Argenis González, quien además de laborar en la institución era la persona de confianza y el jefe de seguridad del equipo de su campaña política, así como con Faustino Rosario Díaz, quien era director financiero de la OMSA y Eddy Rafael Santana Zorrilla, quien era suplidor de la entidad, para tratar de buscarle una solución al tema”, explicó.
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