Santo Domingo
Después de disfrutar de la comodidad del poder, en los puestos gubernamentales, legislativos y municipales, funcionarios y políticos dominicanos han tenido que ir a sentarse en el banquillo de un tribunal, para enfrentar cargos por actos ilícitos en el ejercicio de funciones públicas.
Desde el 2000, en al menos 19 procesos judiciales han estado involucrados funcionarios o exincumbentes, algunos con cargos importantes en sus partidos políticos.
Tres casos dominaron el escenario judicial, en su momento: Odebrecht, Renove y PEME. Otros con similares características también fueron bautizados con los nombres de los programas o instituciones. Están en la lista OISOE, OMSA, Corde, Inapa, Indrhi, Migración, Bienes Nacionales, Liga Municipal, SuperTucanos, entre otros.
Las acusaciones conciernen a actos de corrupción en el desempeño de las funciones públicas o como contratistas, prevaricación, enriquecimiento ilícito, desfalco, soborno, lavado de activos y estafa contra el Estado.
Los hechos ocurrieron en los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2008) y (2008-2012); Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina (2012 hasta la fecha).
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